El juego retroalimenta la situación de pobreza y desigualdad

Nota publicada en el portal Realidad Bajo Sospecha (www.realidadbajosospecha.com)

La gente más humilde termina transfiriendo recursos a empresarios explotadores de los juegos de azar.

Ya a principios del año pasado nos reunimos con Monseñor Jorge Casaretto, junto a un grupo de legisladores, quien nos tansmitió su preocupación por el aumento de las salas de bingos y tragamonedas en la provincia de Buenos Aires.

El juego de azar es una de las actividades que a partir de su ilegal legalización, se ha convertido en un emblema de la corrupción consentida y ahora con la situación de crisis se ha profundizado la tendencia del Gobierno de Scioli de recurrir a esta actividad para aumentar sus recursos.

La forma discrecional de adjudicaciones de los permisos de explotación y ampliación, la falta de controles sobre lo recaudado en estas salas de juego, la manera de distribución de las ganancias nunca bien esclarecidas, son elementos suficientes y más que contundentes para sospechar la existencia de una relación entre los responsables de la administración del juego y la dirigencia política que toma decisiones en esta materia, la que podemos calificar por lo menos de incestuosa.

Un tema central en esta cuestión es que al no existir registros sobre los apostadores, el juego es un camino inmejorable para el blanqueo de dinero proveniente de actividades ilegales y deleznables como el narcotráfico, la prostitución, entre otros.

Tenemos un problema grandísimo con respecto al crecimiento del juego en el país que ha contribuido a profundizar las desigualdades. Somete a la ciudadanía, en su mayoría personas de menores recursos, a la falsa ilusión de una recuperación económica que nunca se hace realidad.

Es inconcebible que el responsable del juego en la Provincia esté acusado de tener una mesa de dinero que prestaba a apostadores.

Cristóbal López es el testaferro y el cajero de Kirchner. Hace negocios fabulosos relacionados al juego y tiene pergeñado introducirse en la provincia de Buenos Aires.

Ley de Radiodifusión: un intento hegemónico escondido detrás de una necesidad

(Dibujo: losmediospelosargentinos.files.wordpress.com)

La discusión que se ha abierto sobre el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales, impulsado por el Gobierno para reemplazar la vieja Ley de Radiodifusión del proceso, está corriendo sobre ejes falsos.
Nadie puede negar que es necesaria e imperiosa la sanción de una nueva Ley que establezca reglas claras para la actividad de los medios de comunicación.
No voy a enumerar todas las razones, muchas de las cuales coinciden con lo señalado en el proyecto oficial.
Desde el sentido común se puede señalar que, una actividad que ha crecido tanto, y que sobre todo se ha complejizado tanto debido al impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información (TICs), no puede estar regida por una Ley de 30 años, cuyo espíritu no puede ni debe ser aceptado en una democracia.
Una Ley que además está caduca de hecho, por reformas que se han hecho por decreto, y por lagunas jurídicas producto de la transformación del objeto a reglar.
Más allá de esto, que debería ser un tema de debate serio, extenso, y que incluso las propias empresas periodísticas afectadas señalan como necesario, no podemos perder de vista el motivo real del Gobierno.
El discurso oficial sobre el proyecto señala que esta reforma es para romper los monopolios (de paso, habría que decir que son los mismos monopolios que ayudaron a construir, desde la reforma hecha en el gobierno de Carlos Menem, al decreto tardío del ex presidente Néstor Kirchner que permitía la fusión de Cablevisión y Multicanal), cuando en realidad lo que busca es reemplazarlo por uno estatal.
Sobradas muestras históricas existen sobre el manejo que el Estado ha hecho de los Medios (y en esto han caído en el mismo error Gobiernos legítimos y no legítimos).
Pero además existen en el proyecto oficial una serie de artículos que llaman la atención, y que deben ponernos en alerta respecto al control futuro de los medios de comunicación, y de los mensajes.
Por un lado establecen un plazo de dos años para revisar las licencias, y por el otro le permiten a las telefónicas acceder al mercado periodístico.
Esto es muy grave.
Primero porque el Estado (en este caso el Gobierno), tendría en sus manos un arma fenomenal para “apretar” medios críticos, o premiar y castigar de acuerdo a sus propias necesidades.
Y por el otro, la trampa radica en que, por una Ley del gobierno de Duhalde, ninguna empresa cultural (y los medios están incluídos en esa categoría), puede tener un activo accionario de origen extranjero mayor al 30%. Conocidas y públicas son las vinculaciones de empresarios cercanos al matrimonio presidencial con empresas de telefonía, lo que supone el desembarco de un monopolio paraestatal en los medios.
Y aquí si se pone en riesgo seriamente la Libertad de Expresión.
Las administraciones de Néstor Kirchner, y su esposa, han evidenciado su desprecio por el periodismo crítico, el verdadero periodismo independiente. En realidad, han demostrado su desprecio por todos los que disienten con ellos, o los contradicen.
Ya tenemos ejemplos para mostrar. Lo que ha ocurrido este año con Radio del Plata, que fue comprada por el grupo Electroingeniería, vinculado al clan K, y que a partir de ese momento tuvieron que dejar de trabajar periodistas de la talla de Nelson Castro y Fernando Bravo; o el caso de Pepe Eliaschev, que fue despedido de Radio Nacional.
Imaginémonos a este Gobierno con el poder suficiente para influir sobre los medios.
Una democracia no puede permitirse eso. La libertad de expresión es quizás, en las democracias modernas, la base de todas las libertades.