viernes, 19 de febrero de 2010

Quienes critican a Carrió están criticando una conducta moral



La postura de Elisa Carrió es producto de la coherencia, y el sostenimiento de un trabajo de años. No es más que la defensa de una idea que viene proclamando desde que emprendió su camino fuera de la UCR.
Quienes como la Dra. Carrió nos fuimos de la UCR por inconductas morales, incoherencia de ideas, y por prácticas políticas de las más deleznables, sentimos que son muchos los radicales que piensan como nosotros, e incluso que han acompañado nuestra propuesta por sentirse más representados que por las propias estructuras del partido.
También somos conscientes que, quienes hoy critican y señalan a Carrió como oportunista, son la minoría que siente amenazada su posición de poder dentro de la UCR. Son además quienes han cruzado la línea que divide lo que está bien y lo que está mal, entonces quieren que todos lo hagan, para disimular su inconducta entre la multitud.
Tener enfrente a alguien que es coherente en el sostenimiento de sus ideas, que se paró frente al atropello kirchnerista en pleno auge de este, cuando todos creían que finalmente había surgido el tercer movimiento histórico, que tiene una conducta intachable moral y materialmente, que no es ningún improvisado, que tiene experiencia y trayectoria, es algo insoportable para quien no posee ninguna de estas características. Desnuda su real naturaleza; es un espejo que refleja su esencia débil y cabildante, en el mejor de los casos.
Es cierto que es tiempo de construir. Que la oposición tiene una responsabilidad con la ciudadanía. Que debemos consolidar una propuesta.
Que nuestra mayor responsabilidad como oposición es generar y mantener acuerdos parlamentarios, que son los que garantizarán el buen funcionamiento del Poder Legislativo, tantas veces atropellado por el Poder Ejecutivo. Y que en definitiva es el soporte fundamental de la república, la división de poderes.
Pero también es cierto que el costo no debe ser cualquiera. Nuestro deber es brindarle a la gente una opción, pero que sea clara, insobornable, que no deje ninguna duda respecto a las conductas a futuro. Y eso se logra si detrás hay una conducta que lo respalda.
El país, la Provincia y la Ciudad está lleno de oportunistas. Es hora que comencemos a llenarlo de dirigentes con compromiso, a los que no todo les de lo mismo. Con los oportunistas nos fue muy mal, pero siguen estando. No les demos más oportunidades.

lunes, 16 de noviembre de 2009

Pretender volver a las contravenciones es retrógrado e impracticable

El gobernador no tiene un plan de seguridad. Ante la creciente ola de delitos -por lo que diariamente debemos lamentar víctimas fatales- y los consecuentes reclamos sociales, otra vez realiza anuncios espasmódicos.

Scioli está acostumbrado a hacer anuncios vacíos. Queremos mejor seguridad, pero ello requiere de un plan y de una decisión política. No se puede actuar de acuerdo a la coyuntura.

Ahora el gobernador pretende reinstalar las contravenciones, volver a regular cuestiones como la vagancia y el merodeo, o detener a alguien por estar ebrio. Son figuras que ya fueron derogadas. Es retrógrado, reaccionario e impracticable.

Además, hay cosas más complejas para solucionar en el tema seguridad. Se debe trabajar con la actividad preventiva. No se necesita para ello modificar ninguna ley. Se requiere de un accionar y de un plan concreto, eficaz y efectivo.

viernes, 23 de octubre de 2009

Participación Ciudadana


Esta semana se realizó en el Casal dels Països Catalans de nuestra ciudad, una charla taller sobre "Herramientas para la Participación Ciudadana, la Experiencia Barcelona", realizada el Lic. Agustín Frizzera, de la cual participé como orador de la apertura.
La charla fue muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta nuestra propia experiencia en la materia, y las comparaciones que de ello podemos hacer.
Por eso pongo a disposición de quien quiera verlo, el materia que tan gentilmente nos permite publicar el disertante.

jueves, 10 de septiembre de 2009

El juego retroalimenta la situación de pobreza y desigualdad

Nota publicada en el portal Realidad Bajo Sospecha (www.realidadbajosospecha.com)

La gente más humilde termina transfiriendo recursos a empresarios explotadores de los juegos de azar.

Ya a principios del año pasado nos reunimos con Monseñor Jorge Casaretto, junto a un grupo de legisladores, quien nos tansmitió su preocupación por el aumento de las salas de bingos y tragamonedas en la provincia de Buenos Aires.

El juego de azar es una de las actividades que a partir de su ilegal legalización, se ha convertido en un emblema de la corrupción consentida y ahora con la situación de crisis se ha profundizado la tendencia del Gobierno de Scioli de recurrir a esta actividad para aumentar sus recursos.

La forma discrecional de adjudicaciones de los permisos de explotación y ampliación, la falta de controles sobre lo recaudado en estas salas de juego, la manera de distribución de las ganancias nunca bien esclarecidas, son elementos suficientes y más que contundentes para sospechar la existencia de una relación entre los responsables de la administración del juego y la dirigencia política que toma decisiones en esta materia, la que podemos calificar por lo menos de incestuosa.

Un tema central en esta cuestión es que al no existir registros sobre los apostadores, el juego es un camino inmejorable para el blanqueo de dinero proveniente de actividades ilegales y deleznables como el narcotráfico, la prostitución, entre otros.

Tenemos un problema grandísimo con respecto al crecimiento del juego en el país que ha contribuido a profundizar las desigualdades. Somete a la ciudadanía, en su mayoría personas de menores recursos, a la falsa ilusión de una recuperación económica que nunca se hace realidad.

Es inconcebible que el responsable del juego en la Provincia esté acusado de tener una mesa de dinero que prestaba a apostadores.

Cristóbal López es el testaferro y el cajero de Kirchner. Hace negocios fabulosos relacionados al juego y tiene pergeñado introducirse en la provincia de Buenos Aires.

martes, 8 de septiembre de 2009

Ley de Radiodifusión: un intento hegemónico escondido detrás de una necesidad

(Dibujo: losmediospelosargentinos.files.wordpress.com)

La discusión que se ha abierto sobre el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales, impulsado por el Gobierno para reemplazar la vieja Ley de Radiodifusión del proceso, está corriendo sobre ejes falsos.
Nadie puede negar que es necesaria e imperiosa la sanción de una nueva Ley que establezca reglas claras para la actividad de los medios de comunicación.
No voy a enumerar todas las razones, muchas de las cuales coinciden con lo señalado en el proyecto oficial.
Desde el sentido común se puede señalar que, una actividad que ha crecido tanto, y que sobre todo se ha complejizado tanto debido al impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información (TICs), no puede estar regida por una Ley de 30 años, cuyo espíritu no puede ni debe ser aceptado en una democracia.
Una Ley que además está caduca de hecho, por reformas que se han hecho por decreto, y por lagunas jurídicas producto de la transformación del objeto a reglar.
Más allá de esto, que debería ser un tema de debate serio, extenso, y que incluso las propias empresas periodísticas afectadas señalan como necesario, no podemos perder de vista el motivo real del Gobierno.
El discurso oficial sobre el proyecto señala que esta reforma es para romper los monopolios (de paso, habría que decir que son los mismos monopolios que ayudaron a construir, desde la reforma hecha en el gobierno de Carlos Menem, al decreto tardío del ex presidente Néstor Kirchner que permitía la fusión de Cablevisión y Multicanal), cuando en realidad lo que busca es reemplazarlo por uno estatal.
Sobradas muestras históricas existen sobre el manejo que el Estado ha hecho de los Medios (y en esto han caído en el mismo error Gobiernos legítimos y no legítimos).
Pero además existen en el proyecto oficial una serie de artículos que llaman la atención, y que deben ponernos en alerta respecto al control futuro de los medios de comunicación, y de los mensajes.
Por un lado establecen un plazo de dos años para revisar las licencias, y por el otro le permiten a las telefónicas acceder al mercado periodístico.
Esto es muy grave.
Primero porque el Estado (en este caso el Gobierno), tendría en sus manos un arma fenomenal para “apretar” medios críticos, o premiar y castigar de acuerdo a sus propias necesidades.
Y por el otro, la trampa radica en que, por una Ley del gobierno de Duhalde, ninguna empresa cultural (y los medios están incluídos en esa categoría), puede tener un activo accionario de origen extranjero mayor al 30%. Conocidas y públicas son las vinculaciones de empresarios cercanos al matrimonio presidencial con empresas de telefonía, lo que supone el desembarco de un monopolio paraestatal en los medios.
Y aquí si se pone en riesgo seriamente la Libertad de Expresión.
Las administraciones de Néstor Kirchner, y su esposa, han evidenciado su desprecio por el periodismo crítico, el verdadero periodismo independiente. En realidad, han demostrado su desprecio por todos los que disienten con ellos, o los contradicen.
Ya tenemos ejemplos para mostrar. Lo que ha ocurrido este año con Radio del Plata, que fue comprada por el grupo Electroingeniería, vinculado al clan K, y que a partir de ese momento tuvieron que dejar de trabajar periodistas de la talla de Nelson Castro y Fernando Bravo; o el caso de Pepe Eliaschev, que fue despedido de Radio Nacional.
Imaginémonos a este Gobierno con el poder suficiente para influir sobre los medios.
Una democracia no puede permitirse eso. La libertad de expresión es quizás, en las democracias modernas, la base de todas las libertades.